SE APRUEBAN NUEVOS ORDENAMIENTOS PARA GARANTIZAR SEGURIDAD PÚBLICA Y
JURÍDICA
Mérida, Yucatán a 26 de agosto de 2010-
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad dos iniciativas para garantizar la seguridad pública y jurídica de los yucatecos.
Se trata de las reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley de Ejecución de Sanciones y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, todas del estado de Yucatán, y la iniciativa de nueva Ley del Notariado del Estado de Yucatán.
Las reformas aprobadas al Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley de Ejecución de sanciones y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, permitirá, entre otras cosas, otorgar la facultad a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos, a la policía ministerial, a las autoridades responsables de ejecutar sanciones, así como a los jueces y a los tribunales del Estado, investigar, perseguir y sancionar la consumación de delitos que atenten contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
El diputado René Tun Castillo señaló en la tribuna legislativa que los diputados del Revolucionario Institucional están conscientes de la prioridad de tiene el Estado y el país del reto de detener y vencer a la delincuencia organizada, para lo cual no se podría tener éxito sin el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos que la combaten.
"Qué bueno que nos unimos en esta lucha, para que juntos, con la colaboración de los ciudadanos ayudemos a la conservación del orden, de la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos y en particular de los yucatecos, para así garantizar una correcta aplicación de la ley y que en consecuencia Yucatán siga siendo el estado más seguro del país", apuntó.
El diputado Tun Castillo recordó que otra de las propuestas aprobadas es la de implementar nuevas técnicas de investigación mediante agentes infiltrados, lo cual obliga a la Procuraduría General de Justicia del Estado
a brindar protección a los testigos, víctimas, peritos, jueces y demás personas que intervengan en las averiguaciones.
De igual manera se estableció que en los Centros de Readaptación Social se implemente la rehabilitación por farmacodependencia, y la creación de la Agencia del Ministerio Público para la Atención de Delitos en su modalidad de Narcomenudeo, la cual sustituirá a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), y será la instancia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
En lo relativo a la iniciativa de la Ley del Notariado, el diputado Carlos Pavón indicó que lo que se pretende con esta ley es llegar a las clases sociales más desprotegidas y acercar a toda la población los medios para que se realicen sus actos jurídicos con plena garantía legal.
"La función del fedatario es fundamental para la sociedad, porque mediante su ejercicio se proporciona seguridad, transparencia, certeza jurídica a los actos que se producen en las relaciones cotidianas entre las personas, por lo que la legislación que regula su función, no puede mantenerse ajena a la actualización", indicó.
Resaltó algunos de los aspectos más importantes contemplados en la ley como el Protocolo Abierto, con el que se brindará agilidad y eficacia al servicio del notario, así como una mejor preservación de los documentos que contienen actos y hechos jurídicos pasados ante la fe pública del notario.
También se refirió al uso de tecnologías cibernéticas, de comunicación e información, a través del Protocolo Electrónico, que es el conjunto de documentos, implementos y archivos electrónicos en los que constan los hechos y actos autorizados por los notarios.Cabe señalar que esta ley fue enriquecida con las propuestas hechas por el Consejo de Notarios, el Colegio Yucateco de Notarios, el Colegio de Notarios de Yucatán y el Consejo de Escribanos de Yucatán.
Con las de hoy, suman cuatro las iniciativas de ley aprobadas de manera unánime por los diputados integrantes de la LIX legislatura, cumpliendo con la intención de ser una legislatura de avanzada.
Las anteriores fueron la Ley de Mejora Regulatoria que permitirá a inversionistas y emprendedores encontrar esquemas gubernamentales que les permita agilizar la apertura de empresas, y la Ley de Protección al Medio Ambiente que entre otros aspectos permitirá a la ciudadanía denunciar delitos en materia ambiental.
