La comisión permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación consideró no procedente la denuncia de juicio político solicitada en contra de la Presidenta Municipal de Mérida con licencia, Angélica Araujo Lara, en tanto que las conductas que se le atribuyen no constituyen una violación al artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, por lo consiguiente no amerita iniciar el procedimiento. La solicitud presentada el pasado 6 de enero por Jorge Manzanilla Pérez en su calidad de presidente de la Canacome, y que fue desechada por mayoría con cinco votos a favor y dos en contra, es en relación a la supuesta proliferación del ambulantaje en las céntricas calles de la ciudad de Mérida durante la gestión de Araujo Lara, a lo cual durante la discusión del proyecto del dictamen la presidenta de la comisión, la diputada Martha Góngora Sánchez, aclaró que éste no es un problema de la época contemporánea sino que ha existido durante décadas y en diversas administraciones. Agregó que no se duda de que exista una afectación a los comerciantes establecidos legalmente, pero que el no poderle dar una solución a una situación que ha existido por años, no es un hecho que perjudique o trastorne el funcionamiento de las instituciones estatales o municipales o el buen despacho de los asuntos públicos de éstos, ni acontece un desorden generalizado de las autoridades en los que sea imposible encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad. "Consideramos que si la conducta denunciada conlleva una responsabilidad administrativa, el Congreso del Estado no es la autoridad competente para conocer de estos procedimientos sancionatorios, debido a que la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y otras leyes aplicables claramente establecen que dichos procedimientos se siguen ante otro tipo de autoridad legalmente facultada para tal efecto, por lo que el denunciante tiene a salvo sus derechos para proceder como lo estime conveniente ante las autoridades competentes", apuntó. Por su parte, el diputado Carlos Pavón Flores, consideró que las opiniones vertidas por los diputados de oposición, consistían en apreciaciones subjetivas y sin elementos objetivos que tradujeran la preocupación fundamental de la comunidad, del municipio o del Estado. "Creo que el tema se confunde, el dictamen es claro, no hay una violación grave ni sistemática que trastornen y provoquen la inactividad de los órganos de gobierno municipal o estatal y que por esta causa no se satisfacen los requerimientos más apremiantes de la comunidad", dijo. En ese mismo sentido el legislador Adolfo Calderón Sabido manifestó que las posturas vertidas eran claras, y que la comisión se condujo con total legalidad durante el análisis del tema y lo manifestado en el proyecto de dictamen, y que si alguien consideraba lo contrario, podría proceder conforme a derecho. Integran la comisión los diputados Martha Góngora Sánchez, Carlos Pavón Flores, Efraín Rivero Euán, Adolfo Calderón Sabido, Omar Corzo Olán, José Carlos Puerto Patrón y Patricia Carvajal Remis. También estuvo presente la legisladora Nancy Rosado Fernández. Yuridia Canseco Manzanilla Jefe de Prensa de la Fracción Parlamentaria del PRI
