Al iniciar el análisis sobre la procedencia de una demanda de juicio político presentada contra la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, diputados del PRI que integran la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación hicieron un llamado para revisar sin subjetividades y con apego a derecho este caso.
El presidente de la Comisión, Víctor Caballero Durán, aclaró que a ese organismo solo le corresponde verificar únicamente si procede o no de la denuncia, sin entrar a un análisis de fondo. Además, apuntó que como no es un procedimiento turnado por la mesa directiva, no se ajusta al plazo de 45 días de dictaminación como lo establece la Ley de Gobierno del Poder Legislativo.
El diputado integrante de la fracción parlamentaria del PRI mencionó que para dictaminar se analizarán los siguientes aspectos: si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo siete de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, si la indiciada está comprendida entre los servidores públicos que se refiere el artículo dos de dicho ordenamiento y si la denuncia es procedente.
El legislador expresó que es importante señalar que, de acuerdo a lo remitido por la Secretaría General, 19 ciudadanos presentaron la denuncia de juicio político el 26 de julio de 2011, pero solamente uno se presentó a ratificar la solicitud, por lo que los otros 18 no cumplieron con lo dispuesto en la ley.
Además, mencionó que dentro los documentos que envía la Secretaría General aparece un oficio por medio del cual el señor Guillermo Vela Román hace la solicitud de una serie de procedimientos de dicho caso al presidente de la diputación permanente, Martín Peniche Monforte, pero éste por medio de un escrito y con la presencia de un notario público, informó al representante del Frente Cívico Familiar que debe ajustarse a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque la diputación permanente no tiene ninguna facultad con relación al trámite de juicio político.
Caballero Durán también dijo que se infiere con claridad que los solicitantes están mal asesorados o confundieron el procedimiento, porque lo plantean como civil, cuando es político.
Tras la distribución del documento, el presidente de la Comisión pidió a sus compañeros legisladores tener un criterio netamente jurídico para la resolución de este asunto y con estricto apego a la ley, para dar argumentos claros y puntuales.
En términos similares se pronunció el diputado Adolfo Calderón Sabido y señaló a los diputados del PAN que no hay que realizar interpretaciones subjetivas de un procedimiento que está establecido en la ley.
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