En su análisis, el diputado presidente de esta comisión, Carlos Pavón Flores, mencionó que se realizaron modificaciones técnico legislativa para otorgar mayor claridad y precisión al contenido, entre las cuales se encuentran la de suprimir el término de "ofendido" por el de "víctima", así como "excarcelación" por "externación".
El también integrante de la fracción parlamentaria del PRI comentó que entre los aspectos de esta ley se destaca que todo el sistema penitenciario deja de estar en manos del poder Ejecutivo y pasa a un contexto judicial. Asimismo se nombra un juez de sentencia que pueda dar cauce a los derechos que tienen los internos.
Igual mencionó que con esta ley se sigue fortaleciendo el sistema de justicia penal yucateco, porque da continuidad a lo que se resuelve en el nuevo Código Procesal Penal, recientemente aprobado por unanimidad en esta legislatura, y además genera oportunidad para que las personas encarceladas puedan tener derecho a vida digna y acceder a un trabajo.
En la exposición de motivos se menciona que esta ley se basa en dos sistemas primordiales, la judicialización de las penas, con el objetivo de reducir la sobrepoblación en reclusorios a partir de la creación de los jueces de ejecución, quienes se encargarán de brindar alternativas de cumplimiento de sentencias fuera de la cárcel, en caso de ser legalmente procedente, y la reinserción social, que viene a sustituir el obsoleto y desgastado concepto de la readaptación en la exclusión social.
Otro de los objetivos de esta nueva ley es lograr que de manera efectiva los procesados no convivan con los sentenciados, en tanto se encuentren sujetos a la prisión preventiva, evitar las consecuencias que persiguen a la estigmatización por encontrarse en un centro penitenciario, aun cuando la sentencia sea finalmente absolutoria.
Además se contempla que una vez que se aplica la privación de libertad como sanción en la sentencia condenatoria, va a tener lugar la aplicación del tratamiento penitenciario que tiene como finalidad lograr la reinserción social, para reintegrar al sujeto a la convivencia dentro de la sociedad, respetando la normatividad implementada. Para ello, se consideran los siguientes elementos: Trabajo, Capacitación para el mismo, Educación, Deporte y Salud.
La creación de este marco normativo específico permitirá garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de los centros penitenciarios estatales, bajo un régimen de disciplina estricto pero respetuoso de los derechos humanos, facilitando, a la vez, una administración eficiente, transparente y coordinada con todas las autoridades involucradas en el tema penitenciario.
La iniciativa de esta ley, que empezó a ser analizada desde la semana pasada, cuenta con 5 títulos, 256 artículos y 16 transitorios. Además Se encuentra signada por la gobernadora del Estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; y Víctor Manuel Sánchez Álvarez, Secretario General de Gobierno.
Yuridia Canseco Manzanilla
Jefe de Prensa de la Fracción Parlamentaria del PRI
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