La incorporación del proceso penal acusatorio y oral en sustitución del procedimiento mixto que actualmente se aplica, la supresión en el catálogo de delitos graves de faltas que no afectan de manera importante a la sociedad y el establecimiento de sanciones alternativas a la pena privativa de libertad, son algunas de las innovaciones de la Iniciativa de Reformas a diversos artículos del Código Penal y del Código de Procedimientos en Materia Penal, que este jueves fue aprobada por unanimidad por el pleno de la Quincuagésima Novena legislatura estatal.
Las reformas aprobadas, representan el último paso del procedimiento de la implementación del nuevo sistema de justicia de la Entidad; anteriormente se aprobaron la Ley de Fiscalía General, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Instituto de Defensoría Pública.
El diputado del PRI, René Tun Castillo, quien hizo uso de la tribuna para hablar a favor de la iniciativa, destacó la relevancia de dicha reforma respecto a dos motivos importantes: el social y el económico.
Como parte del primero, apuntó que su importancia recae en que se elimina del Código Penal varias de las conductas que se consideraban como graves, y reconsidera las que no representan un riesgo para la sociedad en general.
"De esta manera evitaremos los diversos inconvenientes en que se ven envueltos algunos ciudadanos de Yucatán, quienes son privados de su libertad, sin siquiera saber si son responsables de los actos de que son acusados. Esto viene a darle rango constitucional a la presunción de inocencia, derecho fundamental de todo individuo", explicó.
Agregó que una de las principales mejoras de la eliminación de varias de las conductas delictuosas del catálogo de delitos graves es que el imputado puede atender el proceso en libertad y no ser privado de ella en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso.
Tan importante como el beneficio social es el impacto económico, tomando en cuenta que actualmente cada reo representa un gasto para el Estado de 80 pesos diario, lo que genera un alto costo en mantenimiento de los centros de detención y la sobrepoblación carcelaria.
Tun Castillo puntualizó entre los objetivos de este novedoso cambio procesal los siguientes: hacer realidad una justicia pronta y expedita, proteger y respetar con mayor énfasis las garantías del imputado, evitar en lo posible su privación de libertad durante el proceso a través de varias opciones como la aplicación de medidas cautelares o providencias diferentes a la prisión preventiva.
Aclaró que dichos medios son alternativos más no substitutivos de la justicia ordinaria, por lo que habrá disputas que tendrán que ser decididas por un tercero, en este caso, un juez.
"La idea de promover otras alternativas, no jurisdiccionales, de solución de controversias se inspira en que dichos mecanismos pueden contribuir a descongestionar el Poder Judicial, aliviando la sobrecarga que hoy padece. Además de contribuir en la formación democrática de una sociedad que necesita construir diálogos y consenso para el desarrollo", indicó.
En resumen, los beneficios de la reforma son muchos y se traducen en seguridad jurídica para los imputados y procesados, garantizar el derecho a la libertad, eficacia en el ejercicio del gasto público al evitar el hacimiento en los centros carcelarios de la Entidad como consecuencia de la reducción en la aplicación de la prisión preventiva.
"En Yucatán somos ejemplo de seguridad, y no es casualidad, sino resultado del esfuerzo de los tres órdenes de gobierno. Cuando nos pregunten ¿cómo se vive en Yucatán?, recordemos lo que dijo el presidente Felipe Calderón en alusión a Brasil, "que nunca ha escuchado que un brasileño hable mal de Brasil", concluyó.
YURIDIA CANSECO MANZANILLA
JEFE DE PRENSA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PRI
