A dos días de que concluya el quinto periodo ordinario en el Congreso del Estado, la LIX legislatura aprobó por unanimidad dos nuevas leyes en materia de justicia, llegando así a 30 normas aprobadas, siendo éstas la Ley de Protección a Testigos y Terceros Involucrados en el Proceso Penal para el Estado de Yucatán, y la Ley de Atención y Protección a las Víctimas del Delito para el Estado de Yucatán.
En representación de la fracción parlamentaria del PRI, la diputada Martha Góngora Sánchez afirmó que la Ley de Protección a Testigos es parte de las acciones encaminadas a la correcta aplicación de la implementación de la reforma en materia de justicia, y destacó entre sus puntos más relevantes la creación de un Programa para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada.
Asimismo, señaló que se garantiza la seguridad de los parientes en línea recta y colateral hasta el tercer grado del testigo en riesgo y aquellas personas que se encuentren vinculadas a éste por un lazo afectivo, y que la Fiscalía General del Estado será la institución responsable de brindar protección a los testigos; así como determinar las atribuciones de la Dirección de Atención a Víctimas para cumplir sus funciones en Protección a Testigos en riesgo y Terceros Involucrados en el Proceso.
"Otras medidas de protección a favor de los testigos son: la custodia personal o residencial, el cambio de residencia o a la reubicación temporal o definitiva del beneficiario en otra entidad o fuera del país, el suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, y reinserción laboral", explicó
De igual forma, se contempla todo lo relativo a las sanciones que deberán imponerse a quien no cumpla con el objeto de la Ley y con las disposiciones contenidas en la misma, para lo cual se prevé que, cuando se trate de servidor público, éste debe ser sancionado en términos de lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, con independencia de las sanciones penales y civiles que su actuación pueda ocasionar.
Finalmente, la legisladora Góngora Sánchez aseguró que con esta nueva norma se otorga libertad y protección a los yucatecos que tengan el deber de testificar o acceder a colaborar con la procuración de justicia, además de que se logra el equilibrio entre las garantías del debido proceso y los deberes de quienes participan en el esclarecimiento de hechos delictivos.
Al ser sometido a discusión el dictamen de la Ley de Atención y Protección a las Víctimas del Delito del Estado de Yucatán, a nombre de las bancadas del PVE y PRI, el legislador Omar Corzo Olán indicó que dicha iniciativa fortalece la atención a las víctimas que han sido afectadas como consecuencia de algún delito, para que le sean reconocidos sus derechos mínimos fundamentales, y continuar así con la conformación del orden jurídico necesario para aplicar exitosamente el nuevo proceso penal.
Además, detalló que esta nueva norma obliga a la Fiscalía General del Estado, a crear todas las medidas de atención y protección a víctimas de delitos. Se crea también un Comité Técnico Interinstitucional para la Atención y Protección de las Víctimas del Delito, como un órgano de asesoría, apoyo, evaluación y consulta del Gobierno del Estado, de carácter permanente, el cual promoverá, propondrá y concretará acciones a favor de la atención y protección de las víctimas del delito en el Estado.
"Dentro de los muchos derechos de esta iniciativa, destaco, por ejemplo, el que la víctima deberá ser informada directa, oportuna y adecuadamente de los derechos a su favor, deberá ser tratada con la atención y el debido respeto a su dignidad humana, sin ninguna forma de discriminación, deberá recibir asesoría jurídica gratuita desde el inicio de la investigación para la defensa de sus intereses y solicitar justificadamente a la Vice Fiscalía, el reemplazo del defensor público asignado".
El diputado Omar Corzo comentó que para que Yucatán continúe siendo el Estado más seguro del País, es necesario continuar con la conformación del orden jurídico para aplicar exitosamente el nuevo proceso penal en el Estado y contar con un marco normativo que de certeza jurídica a los Yucatecos.
Al someterse a discusión el dictamen relativo a la reforma a la Ley de Hacienda del municipio de Mérida; así como su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012, el diputado del PRI, Roberto Rodríguez Asaf fue muy claro al señalar las bondades de la primera: "no más impuestos a los meridanos, más apoyos a la economía familiar, no endeudamiento por parte del Ayuntamiento de Mérida, y un compromiso serio de trabajo".
Asimismo, pidió a sus homólogos panistas a no confundir temas y que si alguna duda tenían en materia de fiscalización de cuentas o de trabajo, se abordarían posteriormente.
También se sometió a consideración del Pleno las Iniciativas de reformas a las Leyes de Hacienda de los municipios de Chocholá y Muna, aprobadas por unanimidad; y las iniciativas de nuevas Leyes de Hacienda de los municipios de Akil y Chicxulub Pueblo, también aprobadas por unanimidad.
En asuntos generales ningún diputado hizo uso de la palabra. Se convocó para la próxima sesión mañana a las 12 horas.
Yuridia Canseco Manzanilla
Jefe de Prensa de la Fracción Parlamentaria del PRI
