Los contrastes en Seguridad Pública
Por Rolando Zapata Bello
Este fin de semana fuimos testigos de escenas inéditas tal vez a nivel mundial: miles de personas saliendo despavoridas de un estadio de fútbol, aterrorizadas por las ráfagas de armas de fuego que ahí se escucharon. Eso nos hizo recordar de manera abrupta que hoy en día el país atraviesa una situación muy grave de inseguridad, violencia y criminalidad en prácticamente todo el territorio nacional -a excepción de ciertas zonas como nuestro estado de Yucatán- la crisis en la materia ha desatado cuestionamientos sobre si el Estado Mexicano no se ha visto ya rebasado en su función primordial, que es la de garantizar seguridad a los ciudadanos.
En días recientes, la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional presentaron quizá la aportación más integral para entender la problemática de seguridad pública en el país y plantear alternativas concretas para solucionarla, todo esto contenido en los “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”.
El documento es una propuesta elaborada a partir de las 88 ponencias de especialistas vertidas en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, celebrada en junio de 2011.
Los diputados federales del PRI conocimos este estudio gracias a la participación del Rector de la Máxima casa de estudios a nuestra asamblea plenaria celebrada hace unos días con miras al próximo periodo de sesiones del Congreso Federal.
Dentro del diagnóstico elaborado por los especialistas, es claro encontrar los puntos principales que han provocado que la escalada de criminalidad y violencia ya esté muy cerca de rebasar a las autoridades nacionales:
* Las políticas de seguridad pública y justicia se encuentran desvinculadas de los fines que se buscan.
* La prevención se ha desatendido.
* Las acciones y decisiones son coyunturales y reactivas; sumadas a la ausencia de una visión integral y coordinada al corto, mediano y largo plazos.
* Subordinación a cuestiones políticas personales, partidistas o electorales.
* Domina una retórica de confrontación.
Entre las principales propuestas que se esgrimen para atacar estos aspectos se encuentra el que haya una integración activa entre las áreas competentes encargadas de la seguridad, una primacía de la prevención sobre el control y una coordinación institucional basada en la subsidiariedad desde una visión local.
Lo anterior se puede acompañar de algunos datos que ejemplifican el reto para recuperar la seguridad en el país, los cuáles evidencian en dónde se encuentran los aspectos reales que han permitido un incremento desmedido de violencia y delincuencia:
* En la última década el promedio de delitos federales diarios se incrementó en 75%, en ese mismo lapso el promedio diario de delitos del fuero común aumentó sólo 16%.
* Los homicidios anuales vinculados al crimen organizado pasaron de casi 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010.
* En 2007 la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes era de 10, actualmente es de 22. En tres años se duplicó.
* En los últimos 11 años los recursos destinados a seguridad pública han crecido un 350%, en su gran mayoría hacia políticas y fuerzas policiales federales.
Hemos mencionado que a pesar de que la inseguridad y violencia ha incrementado drásticamente en casi todo el país, existen algunos casos como el de Yucatán, que ha logrado aislar la situación nacional e incluso mejorar sus niveles de seguridad, tal como lo demuestra lo siguiente:
* La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes disminuyó de 1.8 en 2007 a 1.3 en 2010, un amplio contraste frente a los 22 de promedio nacional.
* Las lesiones disminuyeron en más de 40% en el mismo período.
* La incidencia delictiva disminuyó de 2007 a 2010 en un 8%, en el país aumentó en un 6% y tanto los delitos federales como la delincuencia organizada se incrementaron drásticamente en este período.
* De 2007 a 2010, en México se incrementó en 145% el número de secuestros cometidos, Yucatán reporta cero secuestros en este lapso de tiempo.
Los logros de la entidad en seguridad, acreditados ampliamente en los principales indicadores que lo ubican como el estado más seguro del país, no han estado acompañados de la equidad y reconocimiento presupuestal por parte de la Federación, año con año padecemos de diversas afectaciones en los recursos federales que constitucional y legalmente se tiene derecho.
En los últimos ejercicios fiscales hemos sido testigos de las afectaciones en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y el Subsidio para la Policía Estatal Acreditable.
Los recursos federales parecieran estar diseñados para castigar a quien logra los mejores resultados en seguridad con incentivos perversos que disminuyen los fondos a quien tiene menores índices de criminalidad.
Además, con criterios discrecionales se nos han retirado montos importantes en partidas que aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como sucedió en 2010 con el Subsemun y este año con los recursos para fortalecer el mando policial.
Como diputados federales hemos impulsado que el problema de la seguridad pública en el país debe atacarse desde una óptica federalista y descentralizada. De esta forma, es primordial que buena parte de los recursos se destinen para fortalecer los cuerpos estatales y municipales, alejado de criterios que politicen el combate a la seguridad y estimulando a las entidades que logran los mejores resultados.
Sólo así, estados como Yucatán verán recompensados los grandes esfuerzos locales que se han desplegado para garantizar la seguridad pública y la sana convivencia de la sociedad.