Con 19 votos a favor y 6 en contra, el Congreso del Estado aprobó por mayoría durante la sesión plenaria de este lunes, el dictamen de la comisión permanente de Justicia y Seguridad Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Justicia Constitucional para el Estado de Yucatán, cuyo propósito es brindarle a la sociedad yucateca la seguridad jurídica que se merece.
Al someter a discusión el dictamen, el diputado del PRI, Carlos Pavón Flores se manifestó a favor del mismo, por considerar que situará a Yucatán a la vanguardia jurídica.
Recordó que esta ley establece cuatro importantes mecanismos de control constitucional como la Controversia Constitucional, Acción de inconstitucionalidad, Control previo de la constitucionalidad y Omisión legislativa, herramientas con las que el Tribunal Constitucional preservará la supremacía de la Constitución local y la protegerá de actos, disposiciones, omisiones legislativas o normativas, que sea contrario a sus principios.
"Estoy seguro de que en materia constitucional local, como en otras áreas del derecho, Yucatán será de nueva cuenta ejemplo y modelo a seguir por otros estados de la república, como ahora lo somos en el tema del nuevo sistema penal acusatorio", señaló.
Agregó que durante el análisis, revisión y discusión de la norma, los diputados del PRI no pasaron por alto dos importantes temas. En primer lugar, consideraron que las facultades que no estén expresamente concedidas en la propia Constitución Federal, se entenderán reservadas a los Estados, como lo establece el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no existe ningún impedimento para implementar un sistema de mecanismos de control constitucional local, mismo que contribuirá a fortalecer la legalidad constitucional de la Entidad, siempre y cuando no contravenga las disposiciones de la Constitución Federal, como es el caso de las normas electorales.
"Analizamos y consideramos conveniente suprimir de los mecanismos de esta Ley, los asuntos relacionados con la materia electoral, a fin de evitar conflictos en cuanto a una posible duplicidad de procedimientos o contradicción de criterios en las resoluciones de impugnación en una norma electoral", apuntó.
El legislador también se refirió a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República en contra de la reforma constitucional que estableció como medio de este control, el denominado "Control Previo de Constitucionalidad", que Pavón Flores calificó de "una piedra en el camino hacia la construcción del México justo que todos queremos"; y aseguró que ésta acción no procederá.
Finalmente, reiteró la importancia de dar cumplimiento al mandato constitucional que el Congreso aprobó mediante las reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán, publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 17 de mayo de 2010, con la aprobación del proyecto de ley con todos los medios de control constitucional ahí establecidos.
En la misma sesión se aprobó por unanimidad el dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona a diversos artículos de las Leyes del Instituto de Defensa Pública y de la Fiscalía General y de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con las que se permitirá una adecuada transición del actual sistema mixto vigente en el Estado, al nuevo sistema penal acusatorio y oral.
El diputado Omar Corzo Olán fue quien fijo el posicionamiento a favor de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, al considerar necesario ajustar el marco jurídico estatal a la vanguardia de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señaló que en tanto no entre en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral y se publique la declaratoria correspondiente, el reglamento del Instituto y demás disposiciones aplicables, quedarán abrogados una vez que el Código Procesal Penal entre en vigor y se concluya los procedimientos iniciados conforme a lo previsto en la anterior ley.
Asimismo, agregó que se propone establecer que los asuntos en trámite o pendientes de resolución por el Tribunal de la Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, se continúen hasta su resolución por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios pertenecientes al Poder Judicial, de acuerdo a las disposiciones vigentes. Los asuntos pendientes de resolución se entregarán al nuevo Tribunal entre el 1 y 31 de marzo del presente año.
La próxima sesión se realizará el próximo jueves tres de marzo a las doce horas.
LEGAL EL NOMBRAMIENTO DE UN MAGISTRADO: VÍCTOR CABALLERO
Mérida, Yucatán a 28 de febrero de 2011.- "Decir que se reponga el procedimiento del nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, implicaría cometer un absurdo legal y pondría en duda la capacidad de este Congreso", señaló en tribuna el diputado Víctor Caballero Durán, en virtud de que los legisladores de Acción Nacional, bajo el argumento de ilegalidad, solicitaron que se repita el proceso.
El diputado indicó que la petición de los panistas confunde tendenciosamente, intencionalmente y malosamente, el hecho de que el nombramiento de Santiago Altamirano Escalante como magistrado del Tribunal de Justicia para Adolescentes haya sido ilegal.
"Venir a decir que no se cumplió con la ley es falso. Cumplimos con todas y cada una de las disposiciones legales, si existe alguna disposición en contra, la ley señala también los caminos, pero no utilicen el camino de la confusión y muchos menos de tratar de sacar como siempre raja política de un hecho que a todas luces está apegado totalmente a derecho", señaló.
Indicó que en todo caso lo que se tendría que hacer es apelar lo establecido en el artículo 66 de la Constitución, que expresamente señala los requisitos que debe cumplir una persona, "ninguno de ellos está aquí de los mencionados, todos los requisitos que señala la constitución se cumplieron cabal y totalmente".
Reiteró que el nombramiento que hicieron las fracciones parlamentarias PRI, PVEM y PRD, del nuevo magistrado del tribunal para justicia para adolescentes, no solo cumplió con cada uno de los requisitos de ley, sino que en todo su procedimiento se agotó en tiempo y forma lo establecido por la constitución y por las leyes de que ella emanan.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima autoridad en este sentido, y por ello señaló con precisión todos los elementos que conlleva el nombramiento de un representante popular, como es un integrante del Poder Judicial en su ámbito de Tribunal Superior de Justicia", dijo.
Aclaró que la toma de protesta y la entrada en vigor son asuntos aparte. Basándose en criterios de la corte señaló que la primera se trata de un mero acto de formalidad, que de ninguna manera afecta el nombramiento concedido; y en cuanto la vigencia señaló que se fue muy claro en ese aspecto, pues el decreto aprobado entraría en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del Estado, lo que sucedió el pasado sábado 26 de febrero, por lo que en ningún momento Altamirano Escalante ostento dos cargos ya que para entonces el Cabildo ya le había concedido su licencia como Secretario del Ayuntamiento de Mérida.
