Esta nueva Ley entrará en vigor el 1 de marzo del año 2011 y con ello la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se convertirá en la Fiscalía General del Estado y consta de 71 artículos en los que se establece la organización y funcionamiento de la Fiscalía General en el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le confieren a la Institución del Ministerio Público, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables.
Se dota a la Fiscalía General del Estado de autonomía técnica y de gestión, adquiriendo particular relevancia al considerar el trabajo eficiente y eficaz que actualmente lleva a cabo el personal del Ministerio Público, en la tarea de impedir que grupos criminales cometan ilícitos y escapar de la acción de la justicia y se adecuan las funciones del Ministerio Público a las funciones requeridas por el nuevo modelo procesal penal de carácter acusatorio.
Se contempla la posibilidad de establecer, en caso de ser necesario, Fiscalías Regionales en el territorio del Estado.
Además se plantea la diversificación en las funciones de la actual Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales, para crear la Vice Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente.
Se incluye un Capítulo relativo a la prestación del servicio de escolta pública, que es aquel mediante el cual el Estado otorga a los servidores públicos que hayan tenido relación con la seguridad pública, la responsabilidad directa de la investigación de los delitos o la operación de centros de reclusión. Este tema que ha sido discutido y ha generado debate en otros períodos de gobierno, no se encontraba claramente regulado en un decreto y con esta inclusión en la Ley se quita la discrecionálidad al Titular del poder ejecutivo de disponer a su libre arbitrio de este servicio, además que para el debido control del servicio de escolta pública, se específica que en caso de que a los elementos designados les sean asignadas funciones distintas a las autorizadas, el servicio podrá ser suspendido temporal o definitivamente.
Se retiran a la Fiscalía General, las funciones de consejería jurídica y de representante legal del Poder Ejecutivo, pero en cambio, se conservan sus funciones de investigación y acusación en materia penal, así como la de vigilancia de la constitucionalidad y la legalidad en la defensa y la promoción del interés público y social.
Es ampliamente conocida la tarea desarrollada en las últimas fechas por la todavía Procuraduría General de Justicia, para mantener la seguridad y tranquilidad social en nuestro Estado, labor que merece, además de un reconocimiento público, ser respaldada con todo el apoyo legal que le permita continuar protegiendo la integridad de las familias de Yucatán.
En hora buena Yucatán!!!
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